Bajo el proceso de desnacionalización que lleva décadas conformándose se cobijan
grandes intereses que han impulsado un modelo de crecimiento económico excluyente,
de baja protección social, que expulsa dominicanos de su territorio y los sustituye por
inmigrantes indocumentados de escasa formación educativa, dependiente de remesas y
endeudamiento externo, con sesgo anti exportador.
Cambiar ese estado de cosas requiere de una transformación profunda. El pacto pretende
avanzar en aspectos medulares relacionados con esa transformación.
Varios grupos llevaron a cabo los trabajos, distribuidos en las áreas de relaciones
exteriores, migración, frontera y economía, interrelacionadas entre sí.
Las recomendaciones del grupo sobre el impacto económico de la crisis de Haití están
esparcidas en varios acápites del documento. Veamos algunas de ellas.
Promover un compromiso empresarial para ordenar el mercado de trabajo (¿persuasión o
coacción?); fomentar la transformación productiva y la incorporación progresiva de la
mano de obra dominicana; reformular la norma general núm. 97-2007 de la DGII, que
permite a las empresas constructoras considerar como gastos deducibles los pagos de
nóminas de trabajadores, sin anexar el listado de los contratados y sus datos personales,
ni el monto de lo pagado efectivamente a cada trabajador; cesar la contratación de mano
de obra haitiana en condiciones migratorias contrarias a la ley en obras o actividades de
instituciones del Estado.
Se discutió, en atención a una elucubración de quien suscribe, aunque no queda reflejado
en el documento, la conveniencia de que mediante la aprobación de legislación especial y
durante un período de transición de varios años se iguale el costo laboral regulatorio en
los mercados formal e informal para eliminar el sesgo favorable que existe en favor de la
contratación de mano de obra indocumentada en detrimento del trabajador dominicano.
En ese período de transición se iría reconstituyendo el 80/20 en un porcentaje fijo cada
año, de modo que cada vez haya una menor proporción de trabajadores extranjeros,
documentados o no, para lo cual tendría que aplicarse un severo régimen de
consecuencias. Al mismo tiempo los trabajadores indocumentados iniciarían la
formalización de su situación migratoria y se les otorgarían las prestaciones laborales que
correspondan, tales como derecho a cesantía, servicios de salud, seguro de accidentes
laborales y pensiones, previa cotización sufragada por las partes, incluido el Estado.
En esa misma línea, en razón de que la concentración de mano de obra indocumentada
tiene lugar en la agropecuaria y la construcción, con objeto de reducir ese impacto y
elevar la productividad se propone constituir el Fondo Nacional de Mecanización y
Tecnificación Agropecuaria; crear el Fondo de Mecanización y Tecnificación de la Industria
de la Construcción e incentivos a la industria de la fabricación de viviendas prefabricadas
urbanas y rurales; mejorar las tarifas laborales para la industria de la construcción y abrir
en INFOTEP cursos básicos para trabajadores dominicanos.
Asimismo, se recomienda evaluar la liberación a la agropecuaria por 10 años de
impuestos a la renta y a la propiedad para facilitar su modernización; establecer
políticas para el equilibrio de los precios de sustentación en finca para alimentos
básicos; incrementar las inversiones públicas en el campo para evitar que la juventud
lo abandone.
De igual manera, poniendo la visión del otro lado de la frontera desde la perspectiva de
que el bienestar económico de Haití conviene a ambas naciones, se recomienda incentivar
la producción, la inversión y el comercio por medio de alentar la reproducción del modelo
vigente de CODEVI -en Ouanaminthe-Dajabón- para la instalación de industrias en el
interior del territorio haitiano (mientras más alejado de la frontera, mejor).
Y se sugiere promover en el ámbito internacional un plan de rescate del aparato
productivo de Haití; apoyar el otorgamiento de financiamiento internacional para su
sostenibilidad ambiental; reequilibrar el balance comercial dominico-haitiano y concertar
un acuerdo de facilitación de comercio.
Estos temas, en adición a los contenidos en los demás acápites del pacto, deben merecer
la atención de todos los dominicanos. Se trata