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  En Nicaragua el catolicismo se está extinguiendo

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El reverendo John I. Jenkins es presidente de la Universidad de Notre Dame.

La toma por parte de Nicaragua de la Universidad Centroamericana dirigida por los jesuitas en Managua el 16 de agosto fue sólo el último episodio de la campaña de cinco años del gobierno para silenciar a la Iglesia Católica.

Descrita por el régimen del presidente Daniel Ortega como un “centro de terrorismo” por haber intentado proteger a los estudiantes que protestaban durante las manifestaciones antigubernamentales generalizadas en 2018, a la universidad le han confiscado sus edificios, cuentas bancarias e incluso sus muebles. Si la práctica pasada sirve de guía, pronto será cerrada o administrada por el Estado, con profesores y planes de estudios censurados por el gobierno sandinista.

Desde 2018, sacerdotes católicos y laicos críticos con el gobierno han sido acosados, exiliados, encarcelados, torturados y asesinados. El régimen ha cerrado más de 700 organizaciones sin fines de lucro y agencias no gubernamentales, incluidas la organización benéfica católica Cáritas y la Cruz Roja.

Este año, el gobierno prohibió más de 1.000 procesiones católicas durante la Cuaresma y la Semana Santa. A los sacerdotes se les prohibió ungir a los enfermos, realizar bautismos y celebrar misas. Incluso rezar el rosario se considera ahora un acto subversivo en Nicaragua.

En febrero, el obispo Rolando Álvarez fue arrestado y sentenciado a 26 años de prisión por “actividades antigubernamentales” después de criticar el cierre de estaciones de radio y televisión católicas por parte del régimen. La orden religiosa de monjas fundada por la Madre Teresa ha sido expulsada del país .

Antes de la confiscación de la Universidad Centroamericana, el gobierno tomó el control de otras dos universidades católicas (la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua) y rescindió la acreditación del Seminario Católico La Purísima en Managua. En total, en los últimos años, el gobierno se ha apoderado de 13 universidades por ser críticas con el régimen.

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