Escribe Eduardo Garcia Michell
Un país puede aceptar inmigrantes para cubrir determinados puestos de trabajo,
pero jamás consentir la penetración ilegal de cientos de miles, de bagaje educativo
y cultural precario, pues si lo hace diluye su idiosincrasia y renuncia a modelar a
conciencia su propio destino.
La presión inmigratoria se acrecienta con el nacimiento cada año de decenas de
miles de niños haitianos cuyas madres son traídas a parir a nuestros hospitales, y
con la presencia en nuestras escuelas de casi 200,000 estudiantes de ese origen.
Dada la circunstancia de que la población dominicana tiende a decrecer, sin que
existan planes para revertir esa tendencia, y la existencia de una masa haitiana
indocumentada que se multiplica, los inmigrantes han ido desplazando a los
dominicanos tanto de los puestos de trabajo como de su territorio con la mente
puesta en un futuro en que logren alcanzar derechos políticos, se constituyan en
mayoría, e instalen a plenitud sus costumbres y organización social, aun fuere
caótica.
Cuando ese proceso culmine quizás el nombre perdure, pero sería el fin de la
nación dominicana, víctima de la falta de decisión frente al reto más agudo que
enfrenta desde su surgimiento como entidad soberana: la dilución progresiva
sustituida por el ethos haitiano.
Son varias las razones que explican lo ocurrido: a) precaria competitividad; b)
permisividad normativa en el mercado de trabajo informal; c) indiferencia de la
clase sindical; d) impunidad en el incumplimiento de las normas migratorias; y e)
penuria del pueblo haitiano. El damnificado es el ser dominicano.
El hecho de que la economía se expanda en las circunstancias que apuntan a la
desarticulación del entramado social, obliga a cuestionarse si el modelo de
crecimiento es compatible con el desarrollo y cohesión de la nación.
Una parte de la población dominicana desplazada ha optado por irse al exterior.
Otra ha encontrado precario refugio en actividades de baja productividad como el
moto concho, juegos de azar, chiripeo, servicio doméstico, entretenimientos, al
igual que alivio en las remesas que envían familiares y en los subsidios
gubernamentales.
Ninguna de esas opciones puede sustituir la disponibilidad de trabajo amparado
por derechos sociales y un salario digno.
De ahí se desprende la necesidad de revisar con espíritu crítico e intención
reparadora el papel que juegan la política económica, remesas y subsidios, así
como la forma en que funciona el control migratorio y el mercado informal.
En esencia, el trabajador dominicano se ha visto desalojado por el aliciente que
significa para el empleador (demanda) contratarlos para no cargar con los costos
regulatorios de la cesantía, seguridad social y tributarios; por la facilidad con que
se inserta la mano de obra haitiana indocumentada en el mercado informal
(oferta); y por el apoyo cómplice de las autoridades migratorias. A lo cual se
agrega, en el caso de la construcción, el trato laxo que otorga la DGII.
En círculo vicioso, los dominicanos no solo son desplazados de sus plazas de
trabajo sino también expulsados de su territorio. Desde el exterior envían remesas
que aprecian el tipo de cambio, restan competitividad a las exportaciones y a la
producción para el mercado interno. Los subsidios ayudan a apuntalar el modelo
dando sustento a los desplazados y abriendo cauces a la inmigración ilegal.
Las empresas se defienden haciendo resistencia al aumento del salario, y de paso
en el mercado informal eluden el pago de la cesantía, de las cotizaciones a la
seguridad social y de tributos, lo cual, a su vez, refuerza la contratación de
indocumentados y la expulsión de más dominicanos.
Se ha llegado al punto en que se actúa o se prepara el camino del éxodo final de
nuestro pueblo a otras tierras.
Hay dos líneas de acción posibles.
La más expedita ya se ha iniciado, sin que se sepa si perdurará: deportar a cientos
de miles de indocumentados (diez mil a la semana). Implica adoptar fuertes,
sostenidas y eficaces medidas de control migratorio que impidan su retorno, con la
oposición creciente de empleadores que de súbito quedarían sin mano de obra
para sostener sus negocios y la probable severa caída de la actividad de la
construcción, agropecuaria, comercio, industria y servicios.
La otra línea es mantener fuertes, sostenidas y eficaces medidas de control
migratorio (factor común en ambas), al tiempo que se ejecuta de forma progresiva
un plan de acción integral en un período transitorio no mayor de 4 años, orientado
a reorganizar el mercado de trabajo para emparejar los costos regulatorios,
universalizar la protección social, y normalizar el cupo inmigratorio a la relación de
por lo menos 80 dominicanos por extranjeros contratados, obligando a crear la
base legal de su contratación. Lo anterior requiere establecer estímulos para
elevar la productividad y fuertes penalizaciones para
