Escribe . Sebastian del Pilar
El 15 de enero de 1969 el presidente Joaquín Balaguer reveló a los medios de prensa estacionados en el Palacio Nacional que había autorizado a la jefatura de la Policía Nacional poner en condición de retiro al controversial jefe de su servicio secreto, mayor Francisco Antonio Báez Maríñez, cuya jubilación había sido recomendada por una junta médica del hospital militar Enrique Lithgow Ceara, que diagnosticó que padecía supuestos trastornos mentales. La figura del alto oficial -que era identificado siempre por su segundo apellido- ocupaba con cierta frecuencia la atención de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas que cubrían la fuente policial, debido a que estaba siendo severamente cuestionado por los rudos métodos que utilizaban los agentes bajo su mando en los interrogatorios a jóvenes que eran apresados por su afiliación a los grupos de izquierda.
Sin embargo, esa razón no fue mencionada en la disposición gubernamental que lo puso en retiro, pues en su acostumbrada rueda de prensa de los miércoles, el mandatario sólo se refirió a su alegada enfermedad mental, asegurando que la misma quedó evidenciada cuando “hizo un viaje a los Estados Unidos porque tuvo trastornos siquiátricos”, aunque “después vino y dijo que se había restablecido”.
Con esas palabras el jefe de Estado tendía a reforzar el diagnóstico sobre la salud mental del referido oficial ofrecido en el hospital Lithgow Ceara por el siquiatra Balbino García Olivo, desestimando el valor de los certificados médicos que éste poseía, expedidos por los reconocidos especialistas Martín Emilio Guillén Matarranz y Héctor Pereyra Ariza, que indicaban que estaba mentalmente sano, pues “no presentaba anormalidades de ningún género”.
Los periodistas pidieron a Balaguer que expusiera su parecer sobre los informes médicos divergentes, pero él se limitó a decir: “Son opiniones de los médicos. Unos dicen que sí y otros que no. El gobierno dice que si o que no”. Mientras la Policía, a través de su oficina de relaciones públicas, reiteraba una y otra vez que su antiguo jefe del servicio secreto había sido inhabilitado desde el punto de vista mental por una junta médica del referido hospital.
Esa posición oficial fue rechazada por Maríñez, que mostró una hoja clínica que revelaba que la única enfermedad que había padecido era un comienzo de derrame cerebral que le mantuvo en cama durante varias semanas en el mes de marzo de 1968, y explicó que debido a ese único quebranto de salud, se vio obligado a viajar a Washington, donde fue hospitalizado y curado; logrando más tarde, a su regreso de la capital norteamericana, ser reincorporado sin dificultad a sus funciones en el departamento del servicio secreto de la Policía.
Agregó que desde entonces pudo mantenerse en su puesto por espacio de nueve meses; específicamente hasta el 2 de enero de 1969, cuando le entregaron un memorándum de la jefatura policial, con fecha del 31 de diciembre, donde se le ordenaba presentarse a la unidad de siquiatría del hospital Lithgow Ceara, para ser sometido a una evaluación médica. El joven oficial de 32 años de edad, tuvo de inmediato la sospecha de que algo se tramaba en su contra y que la intriga en marcha nada tenía que ver con el torrente de denuncias que publicaban los medios informativos sobre las torturas que agentes policiales bajo su mando aplicaban a dirigentes y militantes de izquierda.
Entre los denunciantes figuraban Henry Segarra Santos, Agustín Moisés Blanco Genao y Pablo Virgilio Gómez Suardí (Billo), quienes por separado y en distintos momentos del año 1968, revelaron a la prensa que habían sido golpeados con rudeza durante los interrogatorios que les practicaron en el cuartel general. La tortura era una vieja práctica trujillista que seguiría vigente en las investigaciones policiales posteriores; de modo que ese hábito no parecía ser la verdadera causa de las medidas que venía adoptando el alto mando policial para separar a Maríñez de sus filas, ignorando su lealtad al presidente Balaguer y la buena preparación técnica que había adquirido tras participar en diversos cursos académicos de investigación y especialización policial en el extranjero.
El cuestionamiento a la salud mental del alto oficial se incrementó con su negativa a someterse a una evaluación siquiátrica en el hospital militar y conseguir en cambio de especialistas particulares, dos certificados médicos que indicaban que estaba en perfecta salud. La animosidad en su contra había crecido tanto que -consciente de ello- Maríñez afirmó que en su caso “el retiro estaba resuelto desde hace varios días” y que “está claro que cualquier argumento físico y psíquico que haya sido empleado es totalmente falso y no solamente eso, sino también mal disimulado”.
Esa declaración precipitó el castigo que le impuso la jefatura de la Policía, mediante la orden especial número 01 de 1969, de fecha 2 de enero, que nombró como nuevo jefe del servicio secreto al teniente coronel Julio A. Carbucia Reyes y dispuso el traslado de Maríñez (sin funciones) a la sección A de la compañía Cuartel General, donde también fue enviado -a la sección B- el subjefe del servicio secreto, capitán Caonabo Reynoso Rosario, cuyo cargo pasó a ser ocupado por el capitán Viriato Alcides Brito Pillier. En ese departamento se registró una masiva remoción de agentes secretos, la más amplia registrada desde el 28 de marzo de 1967 cuando el general Braulio Álvarez Sánchez fue nombrado jefe de la Policía, en sustitución del coronel Luis Ney Tejeda Álvarez, nombrado asesor policial del presidente Balaguer y jefe de un organismo de seguridad al servicio de la Presidencia.
Esta vasta operación dentro del servicio secreto de la Policía reavivó las diferencias surgidas en los meses de febrero y marzo de 1968 entre Álvarez Sánchez y Maríñez, a raíz de la desaparición momentánea del dirigente catorcista Billo Gómez Suardí, quien -luego de varias semanas de búsqueda- pudo ser localizado dentro del propio Palacio de la Policía, debido a la intervención personal del presidente Balaguer que autorizó a su madre Carmen Suardí a que recorriera todas las celdas policiales, hasta que diera con el paradero de su hijo. Maríñez fue la persona que le informó personalmente al mandatario lo que estaba ocurriendo con ese joven izquierdista, facilitando de ese modo su reaparición, aunque provocando el disgusto de su superior.
En esa ocasión el general Álvarez Sánchez no pudo sacar del servicio secreto a Maríñez, debido a que éste contaba con el respaldo del coronel Tejeda Álvarez, quien lo puso en el cargo cuando fue jefe de la Policía.
Causa real de la separación
