Escribe eduardo garcia michel
A la nación dominicana se le ha ido hinchando el pellejo con la presencia masiva
de inmigrantes haitianos indocumentados. Entran por la frontera como Pedro por
su casa; regresan a su lar cuando lo estiman conveniente para poner a buen
recaudo sus ahorros (auto envían sus remesas); y vuelven a ingresar sin que las
autoridades responsables muestren eficacia en poner coto a esa anomalía.
Hay datos que erizan la piel. Según informaciones del Sistema Nacional de Salud
entre los meses de enero a mayo de 2024 se atendieron, de forma gratuita, más
de 230,000 inmigrantes haitianos, a los cuales se les proporcionó más de un
millón de servicios de diagnóstico. En ese mismo período ingresaron más de
11,000 parturientas haitianas, que representan el 33% del total de los partos
registrados en los hospitales públicos y el 44% de los efectuados por vía vaginal
normal.
El problema no es solo el costo para el Estado de la provisión de estos servicios,
en detrimento de la calidad de la atención prestada a los pacientes dominicanos.
El asunto tiene implicaciones más amplias.
Se conoce que parte de esas mujeres son traídas a parir. Vienen en grupos, como
si hubiese un servicio especializado para depositarlas en los hospitales
dominicanos, donde a sus criaturas se les hace el registro reglamentario, prueba
documental de haber nacido en un hospital dominicano.
Cada año se agregan decenas de miles de personas nacidas de madres haitianas
indocumentadas, cuyos familiares mantienen la aspiración de que algún día se
revise su estatus y se les otorgue la ciudadanía dominicana, a pesar de carecer de
ese derecho de acuerdo con lo establecido por nuestra Constitución.
Y, como son tantos, si la realidad social empujara a que algún día lo lograran,
podrán cambiarlo todo, hasta los símbolos de nuestra dominicanidad, porque en el
fondo ya será otra.
Esta circunstancia corre paralela a la disminución en la tasa de natalidad
dominicana, lo que proyecta, primero, el estancamiento de nuestra población,
como ya ocurre, y después, su disminución en los próximos años.
Es evidente que se ha conformado una poderosa pinza.
Por un lado, están las decenas de miles de haitianos que son traídos a nacer en
territorio dominicano, con vocación de quedarse, junto a sus padres. Y, por otro,
los cientos de miles que han ido acomodándose en los sectores productivos del
sector informal, que van ensanchando su zona de influencia y colonizando el
territorio que el dominicano abandona, decepcionado por no encontrar empleo
digno.
la avalancha de inmigrantes irregulares distorsiona el mercado laboral, ejerce
presión a la baja sobre el salario, demora la modernización productiva, y crea
condiciones de vida que el dominicano rechaza, lo cual lo lleva a ausentarse del
segmento de trabajo o a emigrar.
Si somos nación es porque tenemos idioma, cultura, creencias, idiosincrasia
propia. Por tanto, no debemos permitir que nuestra dominicanidad sea alterada
por la irrupción de masas poblacionales foráneas que afecten nuestros valores,
costumbres y terminen incidiendo sobre las decisiones políticas.
Es cierto que son muchos los problemas pendientes de resolver, pero por su
complejidad y consecuencias ninguno supera al de la ya insostenible presencia
multitudinaria de inmigrantes haitianos indocumentados.
Este asunto amerita de atención urgente y decidida.
Lo primero es hacer cumplir a cabalidad la normativa migratoria y aplicar fuertes
penas a quienes ponen en riesgo la pervivencia de la patria. E iniciar de inmediato
un proceso de reconstitución del coeficiente del 80/20 de trabajadores
dominicanos por extranjeros, contemplado en el Código Laboral.
En la actualidad ese coeficiente está invertido, es de 20/80 en el mejor de los
casos, con el agravante de que a los trabajadores extranjeros a que se refiere son
aquellos con permisos de trabajo o residencia, no a los indocumentados, no
contemplados en la normativa.
Resolver este asunto requiere de la puesta en vigencia de programas y leyes
transitorias que tracen los lineamientos de reconstitución de la relación 80/20, de
regularización del estatus de los indocumentados, y de inserción progresiva de
dominicanos al empleo.
Para lograrlo habrá que mezclar estímulos con castigos durante el período de
normalización del mercado informal para nivelar el campo de juego y facilitar que
los empleadores cumplan con las prestaciones laborales y las cotizaciones a la
seguridad social. Y, en adición, revisar lo relativo a la cesantía, para flexibilizarla.
En el fondo, la inserción de los inmigrantes indocumentados en el mercado
informal se asienta en la conveniencia económica de los empleadores de evadir el
cumplimiento de las prestaciones laborales y de las cotizaciones a la seguridad
social para disminuir costos. El inconveniente mayor es que crea un problema
social mayúsculo y debilita
