El reeleccionismo indefinido es uno de los instrumentos predilectos de los seudodemócratas devenidos en autócratas para perpetuarse en el poder.
Es parte de un proyecto para instalar y perpetuar un régimen hegemónico, ya sea vía la reelección del líder del momento o de la elección intercalada de familiares (“dinastías”) o aliados (“delfines”). Después de ganar elecciones democráticas, con sus mayorías legislativas, los autócratas derogan las leyes que prohíben la reelección indefinida; luego controlan el Poder Judicial, “convenciendo” a jueces o nombrando a nuevos magistrados y autoridades electorales afines, y estos legitiman la reelección continua.
El reeleccionismo incluye ventajismo y demagogia. El oficialismo abusa de los recursos del Estado en sus campañas electorales; inaugura o anuncia obras públicas (escuelas, hospitales, caminos, gasoductos); promete empleos y ofrece subsidios sociales, reducción de impuestos y tarifas, control de precios. Prácticas que generan clientelismo y dependencia en el Estado y con las que se construye hegemonía política. La división o independencia de poderes y el Estado de Derecho son una mera formalidad. Además, en el afán reeleccionista y hegemónico, el régimen proscribe o encarcela a opositores y persigue y acosa a los medios independientes y manipula elecciones para asegurar su victoria. El proceso se asemeja a un velado golpe de Estado en cámara lenta.
Según los autócratas latinoamericanos (de derecha o izquierda) la prohibición contra la reelección indefinida viola los derechos humanos del que pretende reelegirse. Hugo Chávez, en Venezuela, usó el golpe velado y el argumento para perpetuarse en el poder hasta su muerte. Con el pretexto de “ampliar los derechos políticos de los venezolanos” forzó vía la Asamblea Nacional una reforma constitucional, aprobada por referéndum en 2009, que incluía subrepticiamente la reelección ilimitada. La reforma había sido rechazada en el referéndum de 2007. Su sucesor, Nicolás Maduro, permanece en el poder gracias al fraude electoral y al sostén del poder militar. Su amañada reelección en 2018 no fue reconocida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) ni por la Unión Europea.
Daniel Ortega, en Nicaragua, arguyó que la prohibición constitucional contra la reelección violaba sus derechos humanos, supuestamente garantizados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En su empeño reeleccionista logró que la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia modifique la Constitución para permitir su reelección indefinida en 2009, decisión convalidada por el poder electoral y, en 2014, por la Asamblea Nacional. Evo Morales, en Bolivia, utilizó el mismo argumento y presionó al Tribunal Constitucional para que aceptase en 2017 esa interpretación retorcida de la Convención. El Tribunal Electoral, también controlado por Morales, lo habilitó como candidato para las elecciones presidenciales de 2019, a pesar de haber perdido el referéndum de 2016 para cambiar la Constitución y permitir su reelección.
El mismo atajo empleó el presidente Juan O. Hernández en Honduras en las elecciones de 2017. La Sala Constitucional de la Corta Suprema de Justicia lo habilitó para ser reelecto, aun cuando la Constitución lo prohibía. El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pese a la prohibición constitucional, con su mayoría legislativa ha instalado jueces afines a su gobierno en la Corte Suprema, y su Sala Constitucional ha fallado que solo el pueblo determinará quien ejerza la presidencia en las próximas elecciones de febrero de 2024.
En la Argentina, el modelo reeleccionista se ha dado con gobernadores “feudales” como los Kirchner en Santa Cruz, los Rodríguez Saá en San Luis o Insfrán en Formosa (28 años en el poder). La Corte Suprema de Justicia ha fallado en contra del reeleccionismo en algunos casos, equilibrando los principios republicanos de la Constitución y la autonomía federal de las provincias.
En el caso de Honduras, la Misión de Observación Electoral de la OEA señala en su informe final (2018) que la “reiterada práctica de modificar la Constitución… para buscar la reelección …es una práctica negativa para la democracia, y peor aun cuando se hace vía simples sentencias judiciales”; destaca además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que “la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones” de participación política.
Igualmente, tras una consulta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, la Comisión de Venecia (Órgano de Consulta Constitucional del Consejo de Europa) señaló que “el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites objetivos y razonables”, agregando que “limitar los mandatos presidenciales en los sistemas presidencialistas apunta a garantizar la democracia y no equivale a discriminación”; no es limitar el derecho de participar, sino de postularse indefinidamente. Por otro lado, tras una consulta de Colombia, la Corte Interamericana determinó en 2021 que la reelección indefinida no es un derecho humano y “no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por …el derecho internacional de los derechos humanos”.
Las prohibiciones constitucionales a la reelección ilimitada son una garantía contra la perpetuación en el poder y su correlato: el abuso del poder y la tiranía. Las constituciones republicanas y democráticas existen para limitar el poder; para eso están los pesos y contrapesos como la separación e independencia de poderes, el federalismo, la prensa libre y otros, todo para prevenir la perpetuidad en el poder o la tiranía de las mayorías.
La OEA ante un intento de golpe Estado velado en Guatemala
El partido gobernante y del establishment han emprendido una serie de controvertidas acciones judiciales que buscan proscribir a Bernardo Arévalo, del Partido Semilla
Por Rubén Perina
Un manifestante con un cartel en el que pide la renuncia de "golpistas", en un concentración para pedir también la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, en la Plaza de la Constitución en Ciudad de Guatemala, el jueves 14 de septiembre de 2023
Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de junio, los candidatos perdedores, en representación del partido gobernante y del establishment guatemalteco (la casta), emprendieron una serie de controvertidas acciones judiciales que parecían más bien a un golpe de estado velado. A través del Ministerio Público/Fiscalía General, cuestionaron los resultados e intentaron impedir la certificación del candidato en segundo lugar, Bernardo Arévalo (Partido Semilla). Al no lograrlo, buscaron en vano obstruir su participación en la segunda ronda el 20 de agosto; luego de su triunfo en ésta con más del 60% de los votos, el intento de golpe continuó.
El gobierno guatemalteco y el establishment políticotemen la promesa de Arévalo de erradicar la corrupción y la impunidad; sospechan que quiere reinstalar la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG). Su postura anticorrupción fue su principal lema de campaña y atractivo para los grupos marginados y los votantes jóvenes (Estados Unidos designó a la actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, como corrupta en mayo de 2022).
El nuevo intento de golpe velado busca suspender al partido de Arévalo por presuntas irregularidades en el registro de sus miembros. A pesar de que en ambas elecciones obtuvo mucho más apoyo popular del requerido para inscribirse (0,30% de los votantes registrados) un fiscal ordenó a la Oficina de Registro de Votantes que suspendiera su partido. El fiscal ya había ordenado previamente la incautación de los padrones del partido en el Registro y había emitido una orden de arresto contra su director y dos de sus funcionarios. Paradójicamente, el día antes de la suspensión el Tribunal Supremo Electoral (TSE) validó los resultados del ballotage y proclamó a Arévalo presidente electo.
Después de la suspensión, el congreso guatemalteco dejó de reconocer al Partido Semilla como un bloque parlamentario y declaró a sus miembros como legisladores independientes, impidiéndoles participar como bloque en comités y reduciendo su influencia, un intento de forzar al presidente electo a abandonar su promesa anti-corrupción.
Dadas las amenazas a la integridad del proceso electoral, los Estados Miembros de la OEA Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Uruguay convocaron una segunda reunión del Consejo Permanente de la OEA el 1 de septiembre (la primera fue el 26 de julio), para abordar la situación en Guatemala. En ella, el Jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE/OEA), ex canciller paraguayo Eladio Loizaga, y la Secretaria Ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, expresaron su preocupación por los nuevos intentos de la Fiscalía de interferir en el proceso y descalificar al legítimo ganador de las elecciones.
Significativamente, los Estados miembros aprobaron por unanimidad una severa Declaración que expresó preocupación por las acciones judiciales postelectorales destinadas a subvertir la voluntad popular, suspender el partido de Arévalo e intimidar al candidato y sus militantes, así como a las autoridades electorales. La misma urgió a todas las instituciones y a la sociedad civil a respetar y garantizar “los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco…” y les instó a “evitar interferencias en el proceso de transición presidencial” y respetar “la separación de poderes”. Por otra parte, la Declaración saludó la decisión del TSE de certificar los resultados de las elecciones presidenciales y declarar ganador a Arévalo; e igualmente reconoció las medidas del presidente Alejandro Giammattei para garantizar la seguridad personal del presidente y su vice, así como su “compromiso de garantizar un proceso de transición ordenado…”, destacando su “invitación al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para observar el proceso”.
Si bien el presidente ha reconocido la victoria de Arévalo y parece respetar la decisión de las autoridades electorales y ha iniciado la transición presidencial, su fiscal general continúa interfiriendo con el proceso y el partido perdedor progubernamental UNE aún no ha reconocido la victoria de Arévalos. ¿Hay un doble juego aquí?
La preocupación expresada en la OEA, sin embargo, parece haber tenido un impacto: el TSE canceló la decisión del Registro, citando el hecho de que el proceso electoral no termina oficialmente hasta el 31 de octubre; según la Ley Electoral, un partido aprobado para participar en el proceso no puede ser suspendido durante el mismo. La transición comenzó con la presencia del secretario general de la OEA, quien también ha pedido “el cese de acciones que erosionan el estado de derecho y… el respeto a la voluntad de la ciudadanía”. La propia administración Biden ha enviado un emisario para hablar con el presidente electo Arévalo y el presidente Giammattei. Pero no hay garantía de que el intento de suspender el partido no continúe hasta el día de la inauguración el 14 de enero de 2024. Veremos.
Las acciones del Consejo Permanente y del Secretario General demuestran la continua vigencia de la OEA y su Carta Democrática como los principales instrumentos para la defensa de la democracia en las Américas. También confirman el compromiso colectivo de garantizar la integridad electoral en los Estados miembros a través las MOEs. Estas acciones trascienden las diferencias “ideológicas” existentes entre los miembros y las críticas de Argentina, Bolivia, México, Nicaragua y Venezuela por la supuesta “interferencia” de la OEA en las elecciones de Bolivia de 2019. Su MOE en realidad evitó un autogolpe de Evo Morales.
Sin embargo, a pesar de las acciones de la OEA en defensa de la democracia, lo que finalmente la salva del colapso es el compromiso y el respeto de sus ciudadanos y líderes por los valores e instituciones democráticas.
