Escribe eduardo garcia michel
es una fuerza formidable (2 de 2)
Eduardo García Michel
Se conozcan o no, es seguro que habrá razones de alta política para explicar el
hecho de que el dedo de la regeneración y de las reformas aún no se haya puesto
en la llaga más purulenta, aquella que genera una tensión in crescendo, mantiene
en ascuas al país y muestra un potencial de ebullición explosivo.
Esa llaga infectada es, ni más ni menos, la del cada vez más intenso proceso de
desnacionalización que se encuentra en marcha y a toda vela.
No es asunto nuevo, ni propiciado por las actuales autoridades. No obstante, son
las llamadas a restablecer la senda del interés nacional y a adoptar las medidas
necesarias para lograrlo.
El asunto es complejo. El trabajo de conceptualización y delineamiento de
acciones en buena parte está hecho (Pacto de nación). Falta que se complemente
y empiece a ejecutar.
Es imperativo romper el círculo vicioso de crecimiento económico con fuerte
acumulación de préstamos externos e intensa entrada de remesas, que tiende a
morigerar la competitividad, deteriorar el balance comercial, mantener altas tasas
de interés, presionar el salario real a la baja, estreñir el financiamiento a los
sectores productivos, excluir a amplios sectores de la población de la protección
social.
No se trata de demonizar las remesas ni de prohibir su entrada. Bienvenidas las
que llegan porque forman parte de una historia que no puede borrarse, pero sí de
cambiar las condiciones internas que siguen propiciando la expulsión de
dominicanos de su territorio, que son el origen de esas remesas, con el propósito
de tener un país socialmente más homogéneo, integrado y desarrollado.
El modelo de crecimiento en que se apoyan los sectores que directa o
indirectamente contratan mano de obra indocumentada, genera un efecto
centrífugo de exclusión de dominicanos del proceso productivo y de su terruño.
La consecuencia es su sustitución por haitianos indocumentados que se han
apoderado de áreas del espacio geográfico urbano y rural, utilizan en forma
creciente servicios gratuitos del Estado (salud, educación…) en detrimento de
nuestra población, intentan obtener por cualquier medio la nacionalidad que nos
cobija, y por su abultado número inciden sobre los usos, costumbres y ponen en
peligro la dominicanidad.
Ha habido connivencia de distintas áreas del Estado con segmentos de
empleadores que buscan eludir las penalizaciones que les impone la política
económica. Ese segmento patronal ha descubierto que puede compensarlas con
su participación en un mercado informal en que se diluyen las regulaciones
tributarias, las del código laboral y de la seguridad social.
En esas condiciones el trabajador dominicano queda en desventaja frente al
haitiano indocumentado.
De esa manera, los empleadores inducen la llegada masiva de indocumentados,
alteran a la baja las condiciones de trabajo, dejan sin ocupación a las familias
dominicanas obligadas en último término a abandonar el país. De ahí a la
desnacionalización hay solo un paso.
A lo anterior hay que agregar la complicidad de fuerzas del Estado encargadas del
control migratorio y de seguridad fronteriza, que ceden a la tentación de fingir que
no ven el tráfico de indocumentados por la frontera, carreteras y calles del país, a
cambio, parece evidente, de prestaciones económicas.
Tan graves anomalías retratan la disfuncionalidad del Estado dominicano. Es lo
que ha permitido el desarrollo de un potente mercado laboral informal.
No es necesario reflexionar mucho para darse cuenta de que entre todas las
reformas la de mayor urgencia es la de preservar la identidad de nuestro pueblo.
Es ahí donde más se va a necesitar de acumulación de voluntades para remover
la fuerza de la inercia.
De ahí que sea imperativo diseñar y ejecutar un conjunto de medidas concretas
que mejoren la competitividad, pongan orden en el mercado laboral, igualen los
costos regulatorios del sector informal con los del formal, remuevan los
desincentivos que operan en contra del trabajador dominicano y del empleador,
reconstruyan en el corto plazo la relación 80/20 de dominicanos sobre extranjeros
residentes legales, organicen los permisos de trabajo a extranjeros de acuerdo a
las necesidades internas y restablezcan el control migratorio.
Llevar a cabo esa labor es desafiante, pues son muchos los intereses que habría
que neutralizar. Pero no hay otra opción a la de hacer sentir que hay
consecuencias severas cuando se pone en peligro la sobrevivencia de la patria.
Si hay un legado trascendente digno de quedar escrito en piedra incorruptible es el
de la preservación de la nacionalidad y de los atributos soberanos. Los poderes
del Estado tienen la iniciativa de las acciones.
